VALENCIA
La desalinizadora de Torrevieja costó diez veces más que la F-1 y está sin estrenar
La planta ha supuesto una inversión de cerca de 300 millones y nueve años después de ser proyectada aún no hay fecha de inauguración
16.09.13 - 01:43 -
Valencia ha perdido la carrera del campeonato de F-1. Esta prueba, junto a los grandes eventos de los últimos años, han sido objeto de duras críticas por parte de la oposición, que los considera un despilfarro. El debate también se ha centrado en otros grandes proyectos como la Ciudad de las Artes, el Ágora, la Ciudad de la Luz o el aeropuerto de Castellón, que tanto PSPV como Compromís y EU consideran un gasto excesivo.
La Generalitat, en la actual coyuntura económica y financiera, no ha podido hacer frente al canon que supone celebrar la prueba en Valencia. El Consell anunció recientemente que Valencia no iba a volver a organizar de forma inmediata la carrera que, en cambio, continuará en Barcelona.
Pero las inversiones millonarias que no han tenido el retorno esperado no sólo se centran en la F-1. Basta observar la desalinizadora de Torrevieja, buque insignia del Programa Agua, el plan diseñado por el Gobierno de Zapatero para sustituir el trasvase del Ebro.
La planta ha costado cerca de 300 millones. Nueve años después de ser proyectada está en pruebas desde abril y sin funcionar a ritmo normal. Ni siquiera tiene fecha de inauguración. Esta gran inversión hasta ahora no ha servido para nada y todo indica que tardará en ser productiva.
Así, la desalinizadora de Torrevieja ha costado diez veces más que el canon que se ha estado abonando por la F-1, 27,6 millones, según dijo la consellera María José Catalá en Les Corts. A esta cantidad hay que sumar la adecuación del circuito, que son otros once millones. Un gasto ínfimo si se compara con el de la planta.
La cifra se dispara (hasta 16 veces más que la F-1) si se tienen en cuenta el coste de las seis desalinizadoras construidas en la Comunitat, que han costado 440 millones, según la consellera de Medio Ambiente, Isabel Bonig, y ninguna de ellas funciona.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente afirman que la planta está en pruebas y por lo tanto operativa. Apuntan que ya desala agua que se utiliza para riego y que irá aumentando dependiendo de las necesidades de los usuarios. Pero no especifica quienes la compran.
Problemas en Torrevieja
Pese a que Medio Ambiente insiste en que la planta está operativa aún tiene dos problemas que resolver: el suministro energético y, sobre todo, tener clientes que compren el agua.
Para producir a plena capacidad se necesita una subestación eléctrica, que como reconocen desde el Ministerio, todavía está en construcción. Hasta ahora, según las fuentes consultadas, recibe energía desde la subestación de San Miguel de Salinas con dos líneas de media tensión de 20 kilovoltios.
Pero el problema más grave es que ahora mismo Acuamed, entidad estatal que construye la planta, no tiene clientes. Los regantes del Tajo-Segura no quieren saber nada del agua desalada. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, señaló que la rechazan tanto por su calidad, no es apta para algunos cultivos, como por su precio. Y estos son los que tienen que absorber, según las estimaciones que hizo el Gobierno de Zapatero, 40 de los 80 hectómetros cúbicos para los que está diseñada la planta. En estos momentos un agricultor paga por metro cúbico del trasvase 0,14 euros, según los regantes. Si la comprara a la planta le podría costar 0,50 euros más el IVA y gracias a la subvención. Ante ello, Claver explica que aún así es muy cara.
Por otro lado, los municipios que componen la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), de Alicante y Murcia, tampoco ven con buenos ojos comprar el agua de la planta. El problema es el alto coste, que les obligaría a aumentar el recibo. Los cálculos apuntan a que el alza podría llegar al 35%.
Tanto desde Acuamed como desde el Ministerio señalan que la planta tiene clientes para uso urbano. Se basan en el convenio, que forzó a firmar Cristina Narbona, entre Acuamed y la Mancomunidad por la que ésta compraría 40 hectómetros cúbicos. Y es que el Gobierno necesitaba que la planta tuviera usuarios para pedir la subvención a Bruselas (55 de los 300 millones).
Ahora, Acuamed se encuentra con la oposición a comprar agua de los municipios de la Mancomunidad y se está buscando una salida negociada. De hecho, esta semana se han reunido los alcaldes de Alicante, Elche, Murcia, Lorca y Cartagena y el comité ejecutivo de la Mancomunidad con el Ministerio para pedirle la modificación del convenio, ya que consideran que fueron obligados a firmar por el Ejecutivo de Zapatero.
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