miércoles, 22 de mayo de 2013

Criminalización de la ciudadanía indignada e insumisa


Criminalización de la ciudadanía indignada e insumisa

22 mayo 2013 | Categorías: Opinión | |
Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid
Aumenta la represión en Europa. El Gobierno de Grecia decreta la movilización forzosa (militarización, en realidad) del profesorado para evitar la huelga contra los recortes salariales y la pérdida de derechos. En el Reino de España, hay encarcelamientos arbitrarios e injustos por manifestarse desde el nacimiento del 15-M hace dos años, y manifestantes elegidos aleatoriamente son multados sistemáticamente por el Gobierno. En Portugal, una gran manifestación contra los recortes gubernamentales finalizó con once heridos. En Italia son reprimidas con dureza inusitada las manifestaciones de estudiantes. En Reino Unido, encarcelan con seis meses de prisión a quienes ocupen edificios vacíos y deshabitados… Los gobiernos reprimen a la ciudadanía más consciente y activa en Europa… La represión crece a medida que aumenta la conciencia crítica ciudadana.
La criminalización de la protesta ciudadana crece con falsas acusaciones de vandalismo callejero que, perpetrado por reducidos y sospechosos grupos, se insinúa (o dice directamente) que forman parte del movimiento ciudadano. Responsables políticos de la policía se refieren de modo malévolo, sin contexto ni matiz, a los hechos violentos que en ocasiones se dan al final de pacíficas concentraciones y manifestaciones, atribuyéndolos al movimiento ciudadano. Unos hechos violentos cuya autoría recae a menudo sobre agentes infiltrados de la policía o provocadores más o menos dirigidos. Miembros del Gobierno o del partido que lo sostiene en el Reino de España insultan a la ciudadanía llamando nazis o terroristas etarras a quienes protestan en paz y con eficacia y revelan sus canalladas políticas dejándolos sin argumentos.
El Gobierno responde al aumento de conciencia crítica ciudadana con más antidisturbios, cámaras de vigilancia en espacios públicos e incitación a la delación de presuntos “antisistema”. Antisistema es el saco donde meten toda denuncia y resistencia contra el saqueo que es la crisis y el vaciado de la democracia. El Gobierno y sus aliados cambian la normativa de reunión y seguridad pública y convierten las faltas penales en delitos para poder aplicar la prisión preventiva. Faltas como las acometidas y destrozos del mobiliario urbano. También se tipifican nuevos delitos para reprimir a la ciudadanía más activa. Como difundir por Internet convocatorias de manifestaciones que pudieran derivar en alteraciones del orden público. O, en un desquiciado rizo del rizo, convertir la resistencia pasiva pacífica en atentado contra la autoridad, penado con años de cárcel.
Una muestra de ese fascismo soterrado creciente de la actuación policial contra manifestantes en Europa es una declaración del mando de una unidad anti-disturbios española. Aseguró que incluso Gandhi en actitud de resistencia pasiva se hubiera llevado algún porrazo que otro de sus hombres. Ya en el inicio del 15 M, más de doscientos intelectuales, artistas, profesores universitarios y dirigentes sociales salieron al paso de la persecución y criminalización del movimiento, denunciando la represión y arbitrariedad policial y política al detener y encarcelar a manifestantes pacíficos. Por desgracia, esa situación no solo se mantiene sino que empeora.
Para los más viejos del lugar, que sufrieron la dictadura franquista, lo expuesto huele cada vez más a rancio fascismo. Con la visible diferencia de que esos fascistas o fascistoides de hoy no recurren a mascaradas ni concentración de disfraces y banderas.
Al revisar la actuación de buena parte de gobiernos y policías de países europeos, cuyas ciudadanías exigen sus derechos con firmeza, se comprueba que hay una deriva cada vez más autoritaria de buena parte de esta Europa sometida al poder financiero y las corporaciones empresariales.
Lo resume con lucidez el magistrado Carlos Doménech al exponer que las nuevas medidas penales en el Reino de España son pasos hacia un estado policial. Que va bien encaminado lo muestra el hecho de que el Consejo de Poder Judicial cuestiona la constitucionalidad de esa pretendida reforma penal que es la tipificación de nuevos delitos para neutralizar a la ciudadanía pacífica activa y la aplicación de penas mucho más severas.
Buena parte de gobiernos europeos han olvidado que la soberanía nacional reside en la ciudadanía, de la que emanan todos los poderes del Estado; el poder que ellos tienen sin ir más lejos.
Xavier Caño Tamayo es periodista
Artículo publicado en ALAI, América Latina en movimiento
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El juez que encarceló a Blesa se enfrenta a la posible expulsión de la carrera judicial


El juez que encarceló a Blesa se enfrenta a la posible expulsión de la carrera judicial

elpidio

El Consejo del Poder Judicial le investiga por retrasos y por el trato al personal de su juzgado.
El órgano de gobierno de los jueces intentó incapacitarle en 2008, pero no prosperó.
Elpidio José Silva ha sido sancionado en otras tres ocasiones, pero el Supremo anuló dos.
La fiscalia ha pedido la anulación de la causa contra Blesa.

Elpidio José Silva Pacheco, el juez que envió el pasado 17 de mayo a la cárcel a Miguel Blesa, se enfrenta a su posible expulsión de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial abrió el pasado mes de abril un expediente disciplinario contra el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por dos faltas muy graves y una grave, que no están, sin embargo, relacionadas con la causa del expresidente de Caja Madrid. Las faltas muy graves, de ser confirmadas, conllevan la suspensión del juez, su traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.
La Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces inició el expediente contra Silva Pacheco por su retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y por falta de motivación de sus resoluciones —lo que constituyen motivos de falta muy grave— así como por desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado —que se encuadra en falta grave—. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid instruye el expediente contra el juez, y tendrá que presentar en el plazo de seis meses una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria del Consejo. La decisión que tome después la comisión es recurrible al pleno del Consejo del Poder Judicial y ante la sala tercera del Tribunal Supremo.
El juez, con un extenso historial de problemas disciplinarios, está siendo investigado también por la Fiscalía de Madrid. El Ministerio Público abrió hace un par de meses diligencias a raíz de una denuncia por “comportamiento poco adecuado” durante sus actuaciones judiciales, según ha confirmado a EL PAÍS el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía tendrá que decidir si concede verosimilitud a la denuncia y presenta una querella contra el juez, si la archiva o bien la remite al Consejo porque entiende que no hay delito pero sí posible sanción disciplinaria. También tiene seis meses de plazo para hacerlo.
Elpidio José Silva, de 54 años, es uno de los magistrados más conflictivos de la carrera judicial, según admiten fuentes del Consejo. Acumula sanciones e incluso un intento del Consejo de jubilarle por incapacidad.
El órgano de gobierno de los jueces trató de incapacitarle en 2008 porque entendía que no estaba en condiciones para seguir ejerciendo la función judicial, debido a las múltiples denuncias y sospechas de irregularidades en su actuación con la toga. El expediente—insólito, que se ha aplicado solo a media docena de jueces en la historia—,  no prosperó, porque el servicio médico dictaminó en contra.
En junio de 1994 el Consejo le impuso su primera sanción, por falta muy grave: le suspendió durante tres meses por desatención de su órgano jurisdiccional, que entonces era el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque (Cádiz).
En abril de 2009 le fue impuesta una sanción de 6.000 euros de multa por falta grave, por “incumplimiento o desatención” a los requerimientos de sus superiores y “obstaculización de sus funciones inspectoras”.
El juez recurrió al Supremo y el tribunal estimó su recurso, dejando sin efecto la sanción. En febrero de 2010 volvió a ser sancionado por la misma falta grave, pero el Supremo la dejó otra vez sin efecto, aunque por un motivo distinto: había caducado. Las faltas graves prescriben al transcurso de un año desde que fueron cometidas, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Silva Pacheco es además un atípico juez desahuciado. En 2009 fue condenado por una colega a pagar 7.115 euros por las rentas que debía —más intereses y costas— a la inmobiliaria familiar que le alquilaba el piso. El proceso, de desahucio por falta de pago, terminó con el juez desalojado de su casa y declarado en rebeldía.