Nuevo giro a la situación del proyecto de ley que endurece el trato penal a gays y lesbianas en Uganda. El presidente Yoweri Museveni se ha mostrado dispuesto a sancionarlo con su firma, después de que un informe de científicos locales “demostrara”, según ha afirmado, que la homosexualidad no es innata.
Si hace dos semanas informábamos de lasreticencias del presidente ugandés a ratificar la reforma (llegó a reprochar a la presidenta del Parlamento Rebecca Kadaga haber aprobado el proyecto sin suficiente quórum), Museveni defiende ahora la inexistencia de pruebas del carácter innato de la homosexualidad y se muestra favorable a recrudecer la persecución homófoba con dos medidas: firmar la ley aprobada en diciembre por el Parlamento para que entre en vigor, yeliminar la posibilidad de libertad bajo fianza para los detenidos por el delito de sodomía.
Según el comunicado de la oficina presidencial hecho público el domingo, el mandatario se escuda para ello, y frente a posibles críticas futuras por parte de “grupos externos”, en los expertos ugandeses consultados. El documento que habría servido a Museveni a decantarse por firmar la ley homófoba recoge siete conclusiones, muchas de las cuales están basadas en prejuicios como que la homosexualidad “es un comportamiento anormal que puede ser adquirido” o que requiere de “una regulación” para “proteger a los más vulnerables”.
¿Una muestra de populismo?
El director del diario ugandés The Observer, Richard Kavuma, opina que en Museveni ha pesado más un cálculo de intereses que el criterio “científico” de los expertos. El periodista califica de “curioso” que no se tenga en cuenta la opinión de la comunidad científica internacional, expresada en una carta enviada a Museveni el pasado 3 de febrero, documentada y firmada por numerosos expertos en psicología y trabajadores sociales de Estados Unidos, Canadá, Italia o Israel. El texto recoge el consenso actual sobre la homosexualidad como una circunstancia natural y no patológica, la desliga de la pedofilia y describe los daños que producen las “terapias” reparadoras.
Kavuma opina, por tanto, que el presidente firmará la ley para contentar a sus compañeros de partido y a buena parte de la sociedad, que se muestra favorable a ella. A su modo de ver, sin embargo, la norma podría ser declarada inconstitucional si fuera recurrida ante los tribunales, debido al carácter “mayormente progresista” de la ley fundamental ugandesa. Con esta jugada, Museveni conservaría su popularidad y trasladaría el asunto al terreno judicial. La ley, recordemos, establece penas que oscilan entre los 14 años de prisión a la cadena perpetua para las personas que mantengan relaciones homosexuales, prohíbe la ”promoción de la homosexualidad” (lo que hará imposible la existencia de organizaciones que defiendan los derechos de las personas homosexuales) y castiga incluso a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denuncien.